Informe de la Central Obrera Boliviana, representante de la izquierda mas ortodoxa, enfrentada a Evo Morales a quien acusa de ser funcional a la burguesía y de obedecer a Caracas.
La instauración de " la Asamblea Nacional Popular Originaria" del 8 de junio, en el ampliado de las organizaciones matrices que dirigen la insurrección de la ciudad de El Alto, es la voluntad de los pobres de construir su propio gobierno. Frente a la disolución del poder formal, simbolizada por la renuncia del presidente Carlos Mesa, los obreros a domicilio, artesanos y comerciantes de El Alto; los cooperativistas y asalariados mineros, los campesinos e indígenas; los maestros y estudiantes de la UPEA , ponen en pie un poder real que se sustenta en la democracia y la acción directa de masas.
De facto, las comisiones conformadas a partir de las resoluciones del ampliado del miércoles se orientan a resolver desde los problemas más cotidianos de la vida de las personas, como el abastecimiento del gas, la provisión de alimentos, el suministro del agua, hasta los problemas de la defensa militar. Sin duda, se trata del hecho político mas trascendental de la historia de Bolivia desde la Revolución de 1952: las etnias y clases oprimidas del campo y la ciudad, en los hechos, empiezan a construir los embriones de un nuevo Estado, cuyo poder no se asienta en la jerarquía estatal, ni en una elite militar especializada en el arte de la represión, tampoco en el monopolio sobre los grandes medios de producción, sino en órganos de masas que a través de su fuerza colectiva, precisamente persiguen la nacionalización de los hidrocarburos, la expulsión de las empresas transnacionales y la disolución del gobierno legalmente constituido; en otros términos, persiguen la profunda transformación del Estado, de la estructura de clases y de dominación colonial sobre nuestros pueblos, lo que en buen castellano se llama Revolución social. La primera resolución del ampliado de " la Asamblea Nacional Popular Originaria" es precisamente, "constituir a la ciudad de El Alto como en el cuartel general de la revolución boliviana del siglo XXI".
La lucha de los trabajadores de El Alto se alimenta no solamente de la radicalidad de los indígenas aymaras del altiplano de La Paz , cuya influencia política y capacidad de movilización son indiscutibles. La cultura insurreccional de los antiguos trabajadores mineros de Catavi y Siglo XX, que migraron hacia El Alto durante la década de los 80 reinventando sus antiguas tradiciones de lucha, así como el bagaje cultural de los trabajadores cooperativistas - en realidad obreros precarios en gran parte provenientes de la antigua COMIBOL- explican la connotación clasista de la vanguardia de este movimiento revolucionario, del mismo modo que la amplia difusión de la consigna de "nacionalización", profundamente enraizada en la antigua cultura proletaria del país. No obstante los innumerables epitafios escritos sobre la muerte de la antigua "condición obrera" en Bolivia, la consigna de nacionalización hoy irrumpe con inusitada vitalidad.
El entusiasmo que la presencia de los mineros produce en los sectores populares de La Paz , la autoridad moral de los asalariados de Huanuni frente a los demás grupos movilizados, la generalización de la consigna de nacionalización, nos hablan de la presencia de una cultura proletaria diseminada en la representación social de importantes estratos populares - esto aunque no se trate directamente de obreros - reinventada y potenciada como un importante dispositivo movilizador en la actual situación insurreccional. Y es que la cultura proletaria proveniente de las minas de Oruro y Potosí marcó a fuego la historia occidental de este país. Como los hechos actuales lo muestran, el cierre de los centros mineros y la expulsión de miles de trabajadores mineros en la década de los 80, resultado de la reforma neoliberal, la transformación de la organización del proceso productivo, no supuso automáticamente la desaparición de las antiguas creencias del proletariado minero, sino, por el contrario, su actualización y potenciamiento en un nuevo contexto de conflicto social. Resulta por demás paradójico para la oligarquía que, otrora derrotara a los mineros en los campos de Calamarca allá por 1986, deba ahora sacar sus bayonetas para enfrentar a este espíritu proletario que se agita en miles de trabajadores precarios, mineros cooperativistas, maestros, universitarios, preparados nuevamente para tomar el cielo por asalto.
Este bagaje político-cultural, aunque en una posición de vanguardia, es sin embargo uno de los muchos repertorios culturales de las acciones colectivas que asechan el poder en Bolivia. En realidad el movimiento es mayoritariamente campesino e indígena, tanto de las tierras bajas, como de las tierras altas del país. La composición social del nuevo poder, no es predominantemente obrero, como durante la Asamblea Popular de los años 70. Se trata de una "Asamblea Nacional Popular y Originaria", es decir, que incorpora dentro de sus narrativas la cuestión nacional, frente a las trasnacionales y el gobierno de los Estados Unidos, así como la cuestión étnica. En efecto, no son pocos los investigadores aymaras que han caracterizado la presente crisis como una "guerra de razas" entre indios y criollo-mestizos ("k'aras"). Pero aunque el conflicto étnico es innegable, esta crisis es también la renovación de la cuestión social, es decir, de la lucha de clases, cuyo eje central es el conflicto por la propiedad de los medios de producción (hoy en manos de las transnacionales).
No solo que las movilizaciones que surgen de los barrios pobres de las ciudades se enfrentan contra los barrios ricos, sino que las movilizaciones campesinos mismas, tienen un fuerte contenido clasista (agreden en las calles a los transeúntes de corbata, obligándoles a sacar sus vestimentas, destrozan las casas lujosas de la Zona Sur en La Paz , y así). Es por demás anecdótico que las comisiones de la Asamblea Popular se hayan propuesto distribuir el gas únicamente a los barrios pobres de La Paz , y "castigar" a los vecinos de la "Zona Sur", donde viven precisamente las familias económica y socialmente más privilegiadas de la ciudad.
La posición social tiene una influencia determinante sobre las acciones de los movilizados. Así, las capas medias del occidente del país, tanto en Octubre de 2003, como en el presente conflicto adquieren una orientación de tipo pacifista, respaldando las demandas de la organización de Derechos Humanos y la Iglesia por "el dialogo y la paz". Un profundo "miedo de clase" recorre a determinadas fracciones de la pequeña burguesía, frente a las acciones de los "vándalos" y "malvivientes peligrosos" o frente a la "vergüenza" de que los indios suban al poder. En octubre fueron estos sectores sociales la base del gobierno de Mesa y hoy constituyen militantes defensores de una sucesión constitucional. La huelga emprendida por intelectuales en Octubre y hoy por el Alcalde del Granado en La Paz nos hablan de un movimiento cuyo repertorio cultural y cuyas acciones tiene más que ver con los movimientos pacifistas de los derechos humanos de la década de los 70, que con los métodos de la acción directa de las clases oprimidas de El Alto.
Además del cálculo político, la presión de estas capas sociales de orientación pacifista y comprometida con la democracia liberal, es lo que en parte explica las profundas oscilaciones del MAS hacia el centro durante los últimos años (su afán por seducir a las "clases medias"). En efecto, el MAS es una organización que oscila entre la organización de la ocupación pozos petroleros pertenecientes a las transnacionales, presionado por sus bases campesinas, y por otro lado, apoya la convocatoria a las elecciones.
Sin embargo, nos hemos acercado a una época de definiciones. Después de la posesión del ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, propiciado por la oligarquía y por el MAS de Evo Morales, 10 mil militares rodean La Paz y El Alto con la perspectiva de ahogar en sangre a esta movilización, que se ha extendido a los distintos rincones con mas de 80 puntos de bloqueos, cercando a casi todas las ciudades capitales del Departamento. En la actual coyuntura, el éxito de la táctica represiva o la técnica electoral para desmovilizar a los insurrectos, dependerá de la magnitud del alzamiento popular. El repliegue de los sectores dirigidos por el MAS, frente al compromiso presidencial de convocar a elecciones en un plazo de 150 días, podría modificar el escenario de la correlación de fuerzas, de modo favorable al ejército y al rearme de la oligarquía. Ello dependerá del grado de cohesión de la Asamblea Popular de El Alto, de su independencia intelectual y moral frente a las instituciones legalmente establecidas, pero fundamentalmente de la generalización y efectivización de estos órganos de poder en los demás rincones del país. El aislamiento de la insurrección alteña por el contrario, abriría la posibilidad de una masacre de mayores dimensiones a la de octubre de 2003. Hoy, como en octubre, la alternativa "pacifista", "centrista" y pro elecciones, contribuiría nuevamente al fortalecimiento del poder de los empresarios cruceños y de las trasnacionales. No olvidemos que fueron precisamente los ruegos de los religiosos católicos hacia los dirigentes sindicales, los que el lunes impidieron la toma del palacio de gobierno y facilitaron que el centro simbólico del poder se fortaleciera de más militares y policías. Cabe apostarle entonces a la expansión del proceso revolucionario. Sólo su profundización ahorrará más vidas humanas e instaurara el reino de los cielos en la tierra que tanto predica la Iglesia Católica.
