Una serie de denuncias presentadas por organizaciones ambientalistas, sociales e indígenas en los últimos meses contra la actuación de las empresas petroleras en Ecuador demuestran que éstas operan a su arbitrio, no respetan los convenios firmados por el Estado, menos aún las directrices de protección ambiental, y atentan contra la integridad organizativa de las comunidades indígenas que habitan los territorios en donde operan.

Las denuncias presentadas afectan incluso a la empresa estatal brasileña Petrobras, lo que pone en duda los planes de integración de empresas petroleras sudamericanas para conformar un consorcio que pueda defender los intereses regionales en este sector, cumpliendo con normas que protejan el medio ambiente en las zonas de explotación.

Alejandro Ponce Villacís, abogado ambientalista del movimiento Ciudadanos por la Democracia, interpuso en noviembre pasado un recurso de revisión de la Licencia Ambiental para la Fase Constructiva del Proyecto para el Desarrollo y Producción del Bloque 31 a través de los Campos Nenke y Apaika Petrobras, otorgada a Petrobras el 19 de agosto del 2004 por el Ministerio del Ambiente.

Ponce Villacís asegura que la licencia se dio "de manera arbitraria e inconsecuente", ya que autoriza la construcción de una vía de acceso, oleoducto y líneas de flujo en territorio del Parque Nacional Yasuní, en la provincia de Napo, amenazando con destruir el territorio ancestral de los pueblos huaorani, tagaeri y taromenani. (Luis Ángel Saavedra desde Quito).