En los momentos en que la recesión económica se acrecienta, las posibilidades de empleo se reducen y las dificultades laborales aumentan.
Esta verdad se expresa de maneras distintas para los trabajadores ocupados y para los que no lo están. En esa diversidad las negociaciones por las modificaciones salariales y por las condiciones de trabajo pasan a tener un papel clave para poder seguir de cerca el comportamiento de empresarios y trabajadores de frente al conflicto social.
En la crisis surgen distintas actitudes a partir de que se hace más necesaria la presencia del Estado para facilitar la resolución de los conflictos, o por lo menos la mediación para que los mismos no adquieran formas de violencia extrema.

1. Una actitud es la de que el costo salarial no se acreciente o crezca lo menos posible en relación con el corrimiento de los precios de los productos de la canasta de consumo familiar. Esta manera de presionar a la baja un componente importante del costo de producción, busca facilitar la obtención de una ganancia empresarial que motive al propietario del capital a seguir en el mercado productivo. Casi siempre esto se justifica por la necesidad de evitar el aumento de la desocupación y del cierre de fábricas u otros lugares de trabajo.
2. Otra es la de utilizar más trabajo a tiempo parcial y con contratos que no tienen reconocimiento o no están registrados. Esta forma de empleo “basura” se generaliza también para precarizar las condiciones de trabajo y facilitar el quiebre de formas de solidaridad sindical u otras que puedan surgir en la discusión salarial.
3. La atomización en tiempo y espacio, es decir con diferencias entre sindicatos, y entre empresas, lleva a dificultar el seguimiento de las modificaciones de salarios y precios.
4. También está la permanente utilización de las tradicionales discriminaciones por pertenencia, para mantener condiciones de sometimiento del trabajador en la discusión. Diferencias que se acrecientan, entre salario femenino y masculino, entre salario de jóvenes o de primer empleo y el del trabajador permanente. Diferencias por temas de discriminación migratoria, por localización geográfica, por capacidades especiales,…
5. Por último tenemos que citar las características que surgen de los incrementos porcentuales propios del respeto a las calificaciones y escalafones laborales o su contrario los incrementos a suma fija.

La crisis facilita el imaginario de que trabajador prefiere la suma fija y no remunerativa, para tener más liquidez inmediata. Esto pensando en que se puede justificar no aportar las cargas provisionales con un no remunerativo que sirve como compensación o gratificación, en lugar de un real aumento salarial.

Esta actitud lleva a consecuencias de mediano y largo plazo sobre el financiamiento de los jubilados y pensionados, y terminan perjudicando al trabajador. La ilusión momentánea que se genera con esta forma de precarizar el salario es un resabio de los procesos de ajuste tradicionales en la globalización, y significan características primitivas de tratamiento del conflicto social.

El debate sobre este tema es de actualidad ya que aparece una diferencia entre la negociación en el ámbito nacional y en los ámbitos subnacionales, en el empleo público. Diferencia que impacta en las discusiones sobre el empleo privado.

Por ejemplo la C.A.B.A. prioriza la suma fija para convencer a los empleados públicos de bajo salario, mientras que el Estado Nacional reconoce las pautas de una actualización que respeta la dignidad en la negociación, a pesar de lo escaso de la recuperación del bajo salario frente a la inflación pasada.

Como conclusión tenemos que manifestar que el lograr sostener una negociación salarial que incluya las condiciones laborales y trate de no impactar negativamente sobre la producción, es un arte necesario para poder avanzar en una salida no catastrófica de la crisis.

Esta premisa de política pública tiene que reconocer la vigencia del deterioro del salario presente y de las condiciones laborales propia de la orientación empresarial a obligar a sus trabajadores a sufrir las consecuencias de la recesión comercial y financiera.

La responsabilidad social del Estado es la de ser garante en última instancia de un salario digno y de condiciones de trabajo que respeten las pautas de un proceso de producción que no destruya la existencia cotidiana del propio sujeto vital