La Iglesia Católica – al menos su representación local – no cede en sus esfuerzos por conquistar fracasos. La gestión de sus actuales autoridades pasará a la historia eclesiástica por su capacidad para generar frustraciones en nombre de la esperanza. Dos casos del 2011 confirman esta tendencia, uno en Mendoza y el otro en Córdoba.
El viernes 14 de enero, durante la última Fiesta Nacional del Chivo (Malargue, Mendoza) un grupo musical interpretaba una canción de Les Luthiers: “Educación Sexual Moderna”. El sacerdote católico Jorge Gómez (alias Pato) se subió al escenario, agarró el micrófono y reclamó la interrupción de la canción. Los músicos optaron por evitar el enfrentamiento y se pusieron a cantar una cueca.
Pato Gómez hizo su contribución personal a la rica historia censoria de la Iglesia Católica. El último caso célebre ocurrió cuando el cardenal Bergoglio desató la cruzada contra una muestra de León Ferrari, en diciembre de 2004. Invitó a una jornada de oración y ayuno y escribió una carta pastoral. Hubo incidentes, denuncias y un juicio iniciado por la agrupación Cristo Sacerdote. La jueza Elena Liberatori (la misma que intervino en el caso del Parque Indoamericano) ordenó suspender la muestra que se exponía en el Centro Cultural Recoleta. Según ella, se habían “lesionado sentimientos religiosos de la enorme mayoría de los habitantes de esta Ciudad". El gobierno municipal acató la decisión pero apeló la sentencia. El 27 de diciembre la Cámara en lo Contencioso y Administrativo cuestionó el fallo y ordenó la reapertura de la muestra.
LA PASIÓN CENSORIA
El Pato Gómez no está solo. El párroco de Malargue es el sacerdote Ramiro Sáenz, que en el 2004 reclamó la prohibición de la Bersuit por libertinaje sexual. Después le mandó una carta al Intendente en la cual reclamaba censura sobre Charly García, Víctor Heredia y León Gieco. También promovió la prohibición de la campaña radial de prevención contra el HIV y orientó al grupo de adolescentes que increparon a las Abuelas cuando visitaron la zona.
Pero todo esto había empezado mucho antes. No hace falta retroceder hasta la Inquisición. Bastan unos pocos ejemplos locales para confirmar la pasión censoria de las autoridades católicas y de sus militantes laicos.
A mediados de 1937, en plena Capital Federal, el padre Martínez, de Villa Devoto, imprimía volantes y panfletos y hacía declaraciones públicas, en donde trataba a Gardel de “tahúr y tenebroso compadre”; los actores nacionales eran “unos cuantos gandules y malandrines de pañuelito al cuello y otras tantas mujeres impúdicas que se embadurnan la cara con harina y los labios con almagre...” Otros colegas seguían sus pasos en Catamarca, Santiago del Estero y Jujuy, en cuya capital otro cura invitaba al público a no ir al cine.
En diciembre de 1944 el Obispo de la provincia de Tucumán, Monseñor Barrere, estableció que los curas de su diócesis que fueran al cine o al teatro violaban disposiciones eclesiales y serían suspendidos ipso facto. Para sostener esa decisión se apoyaba en documentos oficiales de Pío X (1903-1914) y de Benedicto XV (1914-1922).
En 1966, durante el gobierno de Illia, en la ciudad cordobesa de Villa María, el cura Domingo Farina, con el apoyo de la Acción Católica, se opuso a la exhibición de la película sueca Adorado John (Lars Lindgren, 1964). Pero el Intendente apoyó el estreno y denunció al sacerdote por “invasión de jurisdicción”.
En general las políticas censorias de la Iglesia se llevaban adelante a través de sus agrupaciones laicas como la Liga de Madres de Familia, la de Padres, etc., cuyos representantes integraban cuanta comisión de censura se creara en cualquier lugar del país. En 1964, Ricardo Alventosa, director del film La Herencia, tuvo que ir varias veces a la SIDE para defender a su película de los cortes que pretendían imponerle. Entre los espías estatales había un cura: según él, a la película se le debía hacer un solo corte a lo largo...
En Cine y dictadura (que escribimos con Judith Gociol) recordamos el caso de monseñor Justo Laguna. En una entrevista realizada para esa investigación, recordó que mantuvo una relación amistosa con la familia de Ramiro de la Fuente (implacable y célebre censor de los años 60) y que por pura amistad había colaborado en el análisis de filmes durante la gestión del censor, en épocas del dictador Onganía. Ex empleados del Ente de censura aseguran que también asesoró durante última dictadura, cuando de la Fuente hijo era secretario del organismo censorio.
Pocos días después de su aporte a la historia de la intolerancia, el cura Jorge Gómez declaró que “la violación de la fe es 10.000 veces peor que la violación de una hija”. Cuando se le pidió que aclarara si el abuso de menores era menos grave que un show musical, explicó que “la fe es un valor mucho más profundo”, definición que tal vez no compartan las víctimas de violencia sexual, sean o no menores de edad.
Para la doctrina católica hay dos clases de pecados: los pecados capitales y los veniales. Los primeros son actos, pensamientos o deseos concientes que violan los mandamientos divinos orientados a la felicidad del hombre. El sujeto pierde el estado de gracia. Sólo se sale de eso a través del arrepentimiento verdadero y la penitencia. Los pecados veniales son menos graves y más fácilmente perdonables.
Quien viola a un menor incurre en el pecado capital de la lujuria, que es el pecado referido al apetito sexual. Según el teólogo de Malargue, entonces, cantar un tema de Los Luthiers es peor que un pecado capital. La máxima autoridad católica local seguramente avisará al Vaticano que un sacerdote argentino descubrió una categoría nueva de pecados, que son todavía peores que los peores pecados analizados durante siglos de teología católica.
EXPULSADO DEL PARAÍSO
El otro caso reciente ocurrió en la provincia de Córdoba. El 6 de marzo el Tribunal Interdiocesano de esa provincia expulsó del seno de la Iglesia al sacerdote José Nicolás Alessio, porque el año pasado opinó a favor de la Ley de Matrimonio Igualitario. La condena ad divinis (no es definitiva pero está vigente) le prohíbe ejercer el sacerdocio y residir en la casa parroquial en la cual vivía desde hace 27 años.
Según el tribunal religioso el presbítero Alessio cometió “rechazo pertinaz de la doctrina”, con el agravante de haberlo hecho “por escrito y de palabra por los medios de comunicación en contra del magisterio eclesiástico”.
De acuerdo con las normas vigentes de la institución vaticana, el juicio está encuadrado dentro de las atribuciones propias de la Iglesia: el procedimiento es “legal”. En la Argentina hay 5 tribunales interdiocesanos de primera instancia y 1 tribunal nacional de segunda instancia. Este último tiene como moderador a cardenal Jorge Bergoglio y como presidente a monseñor José Bonet Alcón. Considerando los antecedentes, es poco probable que una apelación a esa instancia tenga curso favorable. Por encima de ellos se encuentran el Papa, la Signatura Apostólica y la Rota Romana.
En este caso actuó el Tribunal Interdiocesano de Córdoba, cuyo moderador es el obispo Carlos José Ñáñez, arzobispo de Córdoba. Su Vicario Judicial es el sacerdote Dante Simón; los jueces adjuntos son los abogados Samuel Jofre y Diego Lerena y los presbíteros Néstor Fornara y Carlos María Mendonza.
El sacerdote expulsado no se cayó la boca: "me han condenado y expulsado por pensar distinto". En diferentes medios aseguró que a la Iglesia le había molestado que opinara a favor del matrimonio igualitario, porque “la Iglesia es maestra en ocultar, en manejar la impunidad del silencio. Lo del matrimonio gay, encima, aborda un tema que les incomoda y está ligado a la sexualidad. Ellos siguen considerando enfermas o perversas a las personas gay".
Aseguró que forma parte del “grupo de sacerdotes tercermundistas Enrique Angelelli”, integrado por sesenta sacerdotes, algunos de ellos casados. Según Alessio “el arzobispo Carlos Ñáñez quiere arrasar con nosotros... Quieren barrer con nosotros y la iglesia que nosotros representamos”.
Por fin, concluyó el cura sancionado, la Iglesia “ni siquiera le ha puesto una sola amonestación a sacerdotes pederastas como el obispo Edgardo Gabriel Storni, o a Julio César Gras, ambos con condenas judiciales por abusar de menores". También recordó que no hubo sanciones contra el sacerdote Christian von Wernich, condenado por delitos de lesa humanidad. Da la impresión de que esta Iglesia tolera a torturadores y violadores en sus filas; pero no a quien piense diferente y se anime a decirlo en público".
Ante la creciente debilidad institucional, cultural y social de la Iglesia, el Papa estableció como estrategia política aferrarse a la doctrina clásica, como una forma de proteger a su institución de los cambios que suceden a su alrededor. Entre un proceso de reformas (mayores o menores) o cerrarse sobre el dogma, optó por lo último, convencido de que sólo el cuidado de la tradición clásica salvará a la Iglesia de los peligros que la acechan.
A modo de compensación, se abrió a la nuevas tecnologías, cosa que la Iglesia siempre hizo a lo largo de su historia. Primero rechazó al libro (recordemos a Lutero) y después lo incorporó a su sistema. Rechazó la radio, el cine y la TV. Y después pasó a sumarlos a su arsenal de difusión. Ahora suma a la web. En esTe sentido, nada ha cambiado.
Tampoco cambia su debilidad creciente. La estrategia de aferrarse al dogma como tabla de salvación produce más incrédulos, más escépticos y más adherentes a otras formas religiosas; menos candidatos al sacerdocio, menos católicos, iglesias cada día menos concurridas.
La paupérrima performance de la Iglesia local para enfrentar el proyecto de ley de matrimonio igualitario puso a la luz esta creciente debilidad, esta incesante pérdida de poder político y de capacidad para influir en la cultura contemporánea. La sanción contra el cura Alessio, en este contexto, aparece como una vulgar venganza en nombre del amor.
