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Rebelde Amanecer
Por Hernán Hinvernizzi

La familia Martínez de Hoz se sintió ofendida por un documental y le inició una demanda judicial a sus responsables. Los descendientes de aquel Joe del dictador Videla, no quieren que se informe cómo pensaba un integrante de su linaje - que se benefició con el reparto de tierras en la “Conquista del Desierto”, llevada a cabo por el general Roca contra los pueblos originarios. O sea, censura. La víctima es Awka Liwen (Rebelde amanecer), con investigación de Osvaldo Bayer y dirección de Mariano Aiello.

Los Martínez de Hoz no son la primera familia aristocrática que se siente molesta con una película. A fines de 1932 secuestraron en la provincia de Santa Fe al joven Abel Ayerza, que luego fue asesinado por sus secuestradores. La familia (encabezada por la madre, Adela Arning de Ayerza)  trajo a la víctima hasta Buenos Aires: la caravana concluyó en la Recoleta, donde se congregó una multitud. Al año siguiente se realizó Bajo las garras de la mafia (Ugo Anselmi, 1933), un film inspirado en el caso y que nunca se estrenó en Buenos Aires. Por gestiones de la familia Ayerza, las copias de la película fueron retiradas del mercado. Quizás a los Martínez de Hoz les gustaría poder hacer lo mismo.

Tampoco es la primera vez que una familia aristocrática se siente ofendida por las ideas de Bayer. En 1963 dio una conferencia en la ciudad bonaerense de General Rauch y propuso que se sustituyera ese nombre por el de “Arbolito”, sobrenombre del ranquel que en 1829 mató al militar “degollador de ranqueles”. Una vez de vuelta a Buenos Aires, el general Juan Enrique Rauch, bisnieto del anterior y Ministro del Interior del presidente José María Guido, aprovechó que había Estado de Sitio y encarceló a Bayer durante 60 días en una prisión para mujeres. Ahora también hay cárceles para mujeres, pero no hay Estado de Sitio.

Bayer tiene experiencia con la censura. En 1973 el presidente interino Raúl Lastiri, yerno del Ministro López Rega, prohibió por decreto su libro Severino Di Giovanni, el idealista de la violencia. Al año siguiente la censura insistió. El estreno de La patagonia rebelde (Héctor Olivera, 1974) estaba anunciado para abril de 1974: el Ejército se opuso y el Ministerio de Defensa recomendó que no se estrenara, pero en junio el general Perón ordenó su estreno. Dos años después María Estela Martínez de Perón le prohibió otro libro: Los anarquistas expropiadores y otros ensayos. Después vinieron la dictadura militar, más prohibiciones, quema de libros y el exilio.

 

ALGUNOS EJEMPLOS

El género documental tiene su propia historia con la censura. Durante los primeros años del siglo veinte en nuestro país se filmaban documentales que celebraban la actividad de las clases dominantes y no representaban un problema para las fuerzas en el poder. Durante los años ’30 la producción documental fue bastante limitada. En 1934, por ejemplo, debía estrenarse el documental La tierra de Guarán (Jorge Lemos) sobre la Guerra del Chaco, que enfrentó a Bolivia con Paraguay. El día anterior al estreno fue prohibido. Trascendió que la decisión se debía a un pedido del embajador de Bolivia.

Durante el peronismo del 45 hubo una descomunal producción de documentales, la mayoría de ellos destinados a promocionar los logros del gobierno justicialista, y por lo tanto no había razones para censurarlos. Por diversas razones políticas, culturales y tecnológicas, a partir de los años 60 el documentalismo local comenzó una nueva etapa y reapareció la censura contra el género. En 1963 el estudiante Juan Oliva de la Escuela Documental de Santa Fe, realizó Los 40 cuartos, que denunciaba el problema de la vivienda en esa ciudad. Según la SIDE el documental ponía en duda el principio de la propiedad privada: el gobierno de Guido ordenó el secuestro y la prohibición del film porque se trataba de “propaganda comunista”. Tiempo después se supo, para colmos, que el conventillo donde transcurría la historia denunciada, era de un militar.

En 1968, Fernando Solanas y Octavio Getino presentaron La hora de los hornos y el Instituto Nacional de Cinematografía (INC) lo prohibió. En un Memorando “estrictamente confidencial y secreto” del 16 de abril de 1969, el interventor del INC aseguraba que la película era “una pieza de propaganda comunista sumamente eficaz”. El documental se presentó en el Festival de Cannes y el Embajador argentino en Francia, Horacio Aguirre Legarreta (Ministro de Trabajo durante Aramburu) protestó por la exhibición del film.

El decreto 226/71 del dictador Roberto Levingston prohibió el documental ¿Ni vencedores ni vencidos? (Alberto Cabado y Nahum Spoliansky, 1970) y la Policía Federal secuestró el film. Su productor apeló a la justicia y el caso le tocó al juez Francisco Madariaga, que sentenció a favor de la película, pero la Cámara de Apelaciones anuló el fallo: Marcelo Pearson, Alberto García Piñeyro y Benjamín Bavio afirmaron que podía alterar la paz interna y confirmaron la prohibición.

Durante la dictadura de Lanusse se prohibió el documental Una mujer... un pueblo (Carlos Serrano, 1970). Censores de la SIDE y del Ministerio de Defensa opinaron que debía prohibirse. El experto de Defensa aseguraba que el documental mostraba “el régimen de oprobio que sufrimos los argentinos por aquellas épocas” pero omitiendo “otras verdades, como la compulsión para la concurrencia a actos públicos, la persecución sistemática al opositor, la afiliación obligatoria al partido oficial, la delación como arma política, etc”. La censura consultó al Ministro del Interior, el radical Arturo Mor Roig, que el 30 de noviembre de 1971 respondió que se trataba de una apología contraria “al espíritu republicano” y por lo tanto debía prohibirse.

Durante la dictadura militar se prohibieron y mutilaron miles de films de ficción o documentales, nacionales y extranjeros. Docenas de proyectos no pudieron realizarse. Técnicos y artistas del medio debieron exiliarse. Otros fueron encarcelados. Además tres realizadores fueron desaparecidos: Pablo Szir, Raimundo Gleyzer y Enrique Juárez.

A partir de 1983 muchas cosas cambiaron, entre otras, que hasta la familias aristocráticas tienen que ir a la justicia cuando quieren prohibir algo que les molesta.

 

 
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