Los pedidos de detención de la ex presidenta Martínez de Perón provocaron toda clase de polémicas. Buena parte de ellas estuvieron orientadas antes por el oportunismo y el miedo que por la voluntad de aportarle compresión a nuestra historia reciente. Proponemos algunas reflexiones con la idea de sacar el debate del puro marco coyuntural.
+ Por un lado, está el problema de los cientos de desaparecidos, asesinados y perseguidos durante el último período de aquel gobierno constitucional.
Más allá de algunas contradicciones internas, desde hace décadas el movimiento por los derechos humanos no cesa de reclamar por el derecho a la justicia y la verdad. En tal sentido, no podría dejarse de lado el derecho a la justicia y a la verdad por fuera del período dictatorial. Vistas así las cosas, se trata de una cuestión de principios, porque las víctimas tienen los mismos derechos antes, durante o después de una dictadura.
Distintas iniciativas se ocuparon de atender el problema de la verdad y la justicia en casos ocurridos durante el Plan Conintes y la desaparición de Felipe Vallese (Frondizi, 1959). Entonces, por qué no ocuparse de los desaparecidos, asesinados y perseguidos durante el período 1974/1976? Acaso éstos tendrían menos derechos que los obreros rurales ejecutados durante el gobierno radical de Irigoyen?
El caso de las masacres patagónicas es oportuno, si tenemos en cuenta que Irigoyen encabezó un gobierno constitucional con fuerte apoyo electoral – aunque en circunstancias históricas bien diferentes. El caso, abandonado por el estado y por el radicalismo, sobre todo quedó en manos de un investigador particular1.. Fue gracias al rigor como investigador y la tenacidad como publicista de Osvaldo Bayer que la sociedad, al menos, pudo “saber”.
Distinta hubiera sido la historia si el aparato judicial del estado y el propio radicalismo se hubieran hecho cargo del problema. Considerando el origen popular del movimiento peronista, y teniendo en cuenta su enorme cuota de víctimas a manos de distintas represiones, sería lamentable que el peronismo repitiera la actitud del radicalismo. La mayoría de las víctimas de la represión patagónica fueron trabajadores de orientación anarquista y socialista durante un gobierno radical. La mayoría de las víctimas de la Triple A fueron miembros del amplio espacio ideológico del peronismo durante un gobierno peronista.
+ Por otro lado está el caso puntual del gobierno de Isabel. Sabemos que durante ese período funcionó una organización para-estatal llamada la Triple A, etc. Ahora bien: esa organización provocó más víctimas en dos años que todas las muertes adjudicadas a las organizaciones guerrilleras durante el mismo período. En tal sentido, es por lo menos sospechoso que no se haga referencia a la capacidad operativa y a las consecuencias políticas de semejante poder bajo protección estatal.
Dicho de otro modo, el problema no consiste solamente en la capacidad operativa de la Triple A. También consiste en que esa capacidad fue funcional a las necesidades políticas de los enemigos del gobierno constitucional y del movimiento peronista. Para el gobierno justicialista, la Triple A fue como dormir con el enemigo.
+ Se centralizan algunos análisis alrededor del problema de la detención de la viuda del general Perón. Pero el problema no es personal. Es un problema político. La llamada Triple A era una organización que expresaba de la peor manera posible un enfrentamiento de intereses y proyectos - expresaba la lucha por el poder a nivel del terror. No se trata de la viuda del general Perón ni dos o tres de sus ministros. Se trata, en realidad, del fin de un proyecto y del intento por imponer otro.
A partir de mayo 1973 y hasta su muerte, el general Perón llevó adelante un proyecto económico-social alrededor del eje Perón-Gelbard, que nos vamos a analizar en estas líneas. Ese proyecto expresaba no sólo el modelo de país que se proponía el líder del peronismo, además expresaba con claridad su política de acumulación y de alianzas, en donde las diferentes formas del peronismo alternativo fueron dejados de lado. A la muerte de Perón el nuevo gobierno produce un fuerte viraje “hacia la derecha”, en donde el despido de los ministros Gelbard y Taiana o el “Rodrigazo” son aspectos que inmediatamente vuelven a la memoria.
Es difícil saber si la Triple A empezó a actuar tres meses antes o dos meses después de la muerte de Perón. Y quizás hasta sería un dato irrelevante. Lo importante es que esa organización no expresa la coyuntura política anterior a la muerte de Perón sino la inmediatamente posterior.
En vida de Perón el control del estado estaba en disputa entre las distintas fuerzas socio-políticas de la interna peronista. (El gran capital estaba agazapado a la espera de su momento). El líder tenía la iniciativa política, el poder y la capacidad de ser el árbitro de esos enfrentamientos, a los cuales orientaba según las necesidades de su proyecto. Ocurrida su muerte esa dinámica desapareció.
A la muerte de Perón el aparato estatal (menos las Fuerzas Armadas) cayó en manos de la “derechización” encabezada por su viuda y el Ministro de Bienestar Social. Pero en poco tiempo la corporación sindical – circunstancialmente aliada a amplios sectores sociales – desbarató la alianza Isabel/ López Rega, controló parte del estado y en acuerdo con la dirigencia peronista tradicional mantuvo a la viuda del líder en la Presidencia.
Vistas así las cosas, la Triple A es una de las expresiones de esa coyuntura en la cual el aparato burocrático del estado quedó en manos de la derecha peronista descontrolada, o sea, sin la conducción política de Perón. Los sectores sindicales y políticos que expulsaron a López Rega del gobierno no desmantelaron a la Triple A. Creyeron que les resultaba útil en su enfrentamiento con el peronismo alternativo, la izquierda revolucionaria y las diversas experiencias de sindicalismo independiente. La ausencia de una conducción estratégica les impidió comprender que la Triple A era, también, un problema para ellos: terminaron expulsados del gobierno por el golpe del 76. Algunos fueron encarcelados y perseguidos, los sindicatos intervenidos, la actividad gremial prohibida. Los trabajadores sufrieron el peor retroceso del siglo. Todos sufrimos la peor dictadura de nuestra historia, para cuya aparición la Triple A jugó un papel estratégico.
De donde queda claro que la iniciativa judicial por investigar los crímenes cometidos por la Triple A no coloca en el centro del debate la situación de la ex presidenta. En cambio, coloca en el centro de la discusión la experiencia del gobierno peronista entre la muerte del general Perón y el golpe de estado, asunto que está muy lejos de haberse cerrado, como pretenden algunos dirigentes. Y no sería justo olvidar que la oposición – salvo mínimas excepciones – también jugó un papel funcional a las necesidades de las fuerzas que apoyaron y desataron el proceso dictatorial. Así las cosas, antes que discutir tecnicismos judiciales, sería más provechoso debatir acerca de los aciertos y los errores de las fuerzas democráticas y populares en aquel período.
Ver Osvaldo Bayer, “La Patagonia Trágica”, primera edición de 1971 y numerosas ediciones ampliadas posteriores. Sobre la base de esta investigación se hizo el film “La Patagonia rebelde” (1974), con dirección de Héctor Olivera y guión de Fernando Ayala y el mismo Bayer.
