El período que transcurre en el gobierno del Presidente Evo Morales es el más corto y con mayor dificultad que afronta el país vecino.

La asunción del poder formal, no tiene un correlato inmediato con la praxis del ejercicio de dicho poder. Las propuestas de acción inmediata que sean reflejo de las consignas electorales, exigen una gestión en el Estado orientada por la voluntad e implementada con profesionalidad técnica en la gestión.

Salvo el vice-presidente, que muestra capacidad de percepción de la realidad, el conjunto de ministros, aparece como representantes sectoriales de grupos políticos participes de la campaña electoral, pero con escasa posibilidad de respuesta frente a las necesidades de desarrollar las políticas económicas y sociales necesarias en la transición.

Comenzó una situación de descalce entre la normativa institucional presentada en los primeros días y la efectiva implementación de las medidas. El primer conflicto serio fue en el área prioritaria de la energía. La nacionalización proclamada, termina siendo una negociación mercantil por el precio del gas, sin que esto resuelva la actitud de Petrobrás, Repsol YPF y Total, respecto a la aceptación de las modificaciones proclamadas en la propiedad y en la administración de las inversiones directas realizadas.

El segundo campo de conflicto no resuelto es el de la regionalización y las llamadas autonomías, en donde los sectores del poder tradicional, se atrincheran en sus reivindicaciones regionales, sin que el poder central tenga la fuerza de poder someter los designios retrogrados de los propietarios concentrados de tres regiones claves en la generación de excedentes genuinos en la producción.

El otro campo conflictivo, es aquel que es el caballito de batalla político ideológico relevante de la propuesta de Evo Morales, cual es el de la contención del sector cocalero para que recicle la parte sustantiva de la producción en la elaboración de sustancias no tóxicas y de adicciones no destructivas de los consumidores.

Esta modificación del sentido de la producción de coca, solo puede desarrollarse a través de la contención social de un dirigente surgido de los productores, pero con claridad en el objetivo de sostén de dicha producción autóctona, siempre que no genere la alimentación de la drogadicción.

Este papel, parece no poder ser ejercido con facilidad por la carencia de una sustitución veraz del destino de la producción, y la presentación de salidas, que en el corto y mediano plazo no suplantan a los planes tradicionales de eliminación de los cultivos y erradicación de la población productora hacia zonas cerealeras o mineras.

Finalmente el estallido del conflicto minero, entre sectores sometidos a las mismas normas de explotación salvaje, que históricamente imperan en las minas de Bolivia.

Trabajadores sindicalizados en la COMIBOL , que se hicieron cargo de la mayor mina de Estaño de Bolivia, luego de la quiebra de la compañía privada propietaria, ven cuestionar su autogestión, por productores cooperativos que quieren gestionar y apropiarse del bien público.

La carencia de una administración central del Estado, con claridad en la resolución del conflicto finalizo con un enfrentamiento armado, entre iguales, entre obreros y pequeñísimos trabajadores cooperativos, con una conciencia social de salir de la relación de explotación en el proceso de trabajo de la mina, pero sin poder identificar al real causante de sus males, y representar como enemigo al otro, al que esta aparentemente enfrentado sin saber como se llego a esa situación.

El equipo de gobierno cambio los ministros de energía y minería, buscando líderes corporativos, sin darse cuenta que sin capacidad político-técnica un líder sectorial, solo cuenta en el proceso electoral, pero no puede ser conductor de un ámbito ejecutivo.

El proceso de globalización exige una respuesta pragmática de acción técnica, la carencia de conocimientos no se reemplaza por la mera voluntad política, sino prima el esoterismo y la creencia mística, que finaliza en la frustración de las masas necesitadas de un cambio revolucionario y no de un discurso mistificador, aunque tenga sustento histórico que lo justifique.