Luego del colapso de la convertibilidad, conducido por el mismo Ministro de Economía que la había gestado, y de un breve período de transición caracterizado por la devaluación y la pesificación asimétrica, surgió un nuevo modelo económico que perdura hasta hoy. A este modelo se le atribuyen muchos éxitos (haber evitado la hiperinflación, restablecido el crecimiento y asegurado un superávit fiscal que no tiene precedentes en nuestra historia económica) y goza de un amplio apoyo doméstico. Sin embargo, el cuadro social que lo acompaña (ver en el número anterior nuestro artículo "La crisis social y su futuro") exige que tratemos de determinar en qué medida dicho modelo es responsable de la comentada situación social.

1. La herencia

Antes de definir sus elementos esenciales, recordemos que este modelo comenzó por incorporar y consolidar todas las medidas que se tomaron para "salir de la convertibilidad" mediante la devaluación (con los cambios de precios relativos y redistribuciones de ingreso que veremos más adelante). Es decir, la pesificación asimétrica (que transfirió recursos de los acreedores locales en moneda extranjera a los deudores y permitió modificar los valores de los contratos en el mismo sentido); el "default" (por la que los deudores locales, y en particular el Estado, dejaron de pagar a sus acreedores externos); el "corralito" y el "corralón" (por las que los bancos postergaron sus obligaciones de devolución de fondos a los depositantes y les devolvieron sus acreencias en divisas a un valor menor del que resultaba del tipo de cambio devaluado); y la congelación de las tarifas de los servicios públicos concesionados (para evitar el impacto de su indexación al tipo de cambio).

Este conjunto de medidas fueron tomadas forzando el espíritu y la letra de la legislación vigente y, en más de un caso, garantías constitucionales elementales. Además, la excepcionalidad de las medidas tomadas y los problemas inéditos que generaban, obligó a los poderes públicos a improvisar soluciones muchas veces contradictorias y casi siempre desprolijas desde el punto de vista jurídico e incluso económico. Ello se reflejó en innumerables fallos judiciales y en una incertidumbre jurídica que, en algunos aspectos, aún no ha sido despejada por la Corte Suprema de Justicia. A pesar de ello, el equipo económico supo salir del marasmo que habían creado la crisis de la convertibilidad y la forma en que se la había reemplazado por un nuevo sistema monetario, sin caer en la hiperinflación y evitando los riesgos de un estallido social.

Además de incorporar la devaluación, como nota esencial del modelo se ha dado por sentada la necesidad de un tipo de cambio alto. Aclaremos este punto: no se trata de un tipo de cambio variable, fluctuante en función de las fuerzas de mercado, sino de una "flotación sucia" con una cotización de la moneda sostenida artificialmente por las compras de divisas del Banco Central (mediante emisión monetaria o tomando fondos en la plaza a través de la colocación de bonos) o de la Tesorería , a través del Banco de la Nación (utilizando parte del excedente fiscal o tomando fondos en la plaza).

2. El impacto del "dólar alto"

Esta depreciación artificial de nuestra moneda tiene varios efectos. El primero de ellos se refleja en los precios relativos. Así, si tomamos la relación entre el índice de precios de exportación y el índice de precios doméstico sobre una base 1993=100 que publica la CEPAL , observamos que a fines de 2001 el índice estaba en 92,6 indicando una cierta sobrevaluación de nuestra moneda. Después de la devaluación, ese índice llegó a un máximo de 201,3 en octubre de 2002 para estabilizarse posteriormente en una franja cuya media está cercana al índice de fines de 2004: 166,3 reflejando una situación inversa pero mucho más marcada que en la década anterior. Esto es producto del cambio de los precios de los "bienes transables", es decir aquellos que son susceptibles de ser importados o exportados: frente al resto del mundo, la devaluación hace más caros los primeros y más baratos los segundos (por ello las importaciones tienden a bajar y las exportaciones a aumentar). Lógicamente esto se refleja en mayores exportaciones y, especialmente, por las condiciones en que se produce la devaluación, en menos importaciones. Además, al encarecer los insumos y bienes de capital importados hace más difícil la inversión y la generación de empleo.

Al mismo tiempo la sobrevaluación de la moneda local, origina una elevada protección para los productores nacionales que orientan su producción al mercado interno (es decir aquellos que no producen bienes transables o que, a pesar del tipo de cambio elevado no pueden competir en el mercado internacional): sus beneficios aumentan por la menor competencia externa y su producción también, especialmente si después de un período crítico (como fue el del derrumbe de la convertibilidad) mantenían una parte importante de la capacidad de producción subutilizada. Sin embargo, este efecto tiende a agotarse una vez que se llega al límite de la utilización de la capacidad instalada, pues el mayor valor de los bienes de equipo importados y los menores precios (medidos en divisas) de los productos finales, dificultan la expansión de la capacidad productiva.

Para los bolsillos del consumidor argentino la sobrevaluación hace más caros los productos importados (porque cuestan más en moneda local) y los que se exportan (porque su precio está condicionado por el mayor ingreso en moneda local que el exportador obtiene por su producto al venderlo al exterior). Para compensar la nueva diferencia entre precios internos y externos, el gobierno ha reintroducido las "retenciones", es decir un impuesto que disminuye la renta de los exportadores y tiende a reorientar sus productos hacia el mercado interno. Más importante aún, sustenta en este impuesto el superávit fiscal.

Y éste es el segundo efecto importante que queríamos señalar del tipo de cambio artificialmente elevado: acompañado de las inevitables retenciones genera recursos fiscales disponibles para atender a otros aspectos del funcionamiento del modelo que ya veremos más adelante y, especialmente, la política de contención social frente a los problemas que el mismo modelo genera.

El tercer efecto es menos visible, pero no menos importante, con una moneda sobrevaluada los activos argentinos valen menos expresados en moneda extranjera y por ello se ha iniciado una nueva etapa de desnacionalización de la economía. Así las empresas argentinas y los bienes inmobiliarios susceptibles de generar una renta se venden a precios muy bajos para los niveles internacionales, tan bajos que soportan incluso el costo adicional que implica invertir en uno de los países con más altos niveles de riesgo del mundo problema sobre el que volveremos más adelante. La contrapartida es que los activos que están en manos de empresas extranjeras y que por alguna razón son vendidos, también lo son a un precio mucho más bajo que el original, dado que así como pagaron un "costo de oportunidad" para ingresar a este mercado en otro momento, también estarán decididos a pagar otro "costo de oportunidad" con tal de salir y no enfrentar mayores pérdidas en el futuro.

A la pérdida del valor de los activos también contribuye otro efecto de la política de "dólar alto": para evitar el impacto inflacionario que genera la necesidad de comprar divisas para absorber el excedente que genera la política de "dólar alto", el Estado debe "secar" la plaza, tomando fondos mediante la colocación de letras y otros tipos de bonos. La consecuencia es un aumento de las tasas de interés que se suma a los niveles ya de por sí elevados como producto del debilitamiento del sistema bancario que generaron las medidas tomadas desde que comenzó a resquebrajarse la convertibilidad y cuando se impuso la pesificación asimétrica. Esto quita aún más competitividad a los empresarios argentinos que, además, gracias al "default", han perdido prácticamente toda posibilidad de financiarse en el exterior.

Los resultados de esta política van por dos vías. A nivel de las grandes y medianas empresas, genera serias dificultades de financiamiento y la consecuente baja de inversiones. A nivel de las pequeñas, el agotamiento de sus márgenes de beneficio y el consecuente paso a la economía informal, es decir a la evasión impositiva y la contratación de personal "en negro". Sólo así se puede explicar que el nivel de asalariados en el sector "no provisional" haya pasado del 25 al 48 por ciento del total, según las cifras del INDEC.

3. La política salarial y tarifaria

La segunda nota esencial del modelo que comentamos tiene que ver con el "atraso" de los salarios y las tarifas de los servicios públicos, respecto de los niveles que cabía esperar que tuvieran después de una devaluación. Vamos a explicarlo, de nuevo, con los cambios que generaron en los precios relativos de bienes y servicios la devaluación y las políticas que la acompañaron, utilizando nuevamente las series de precios relativos que lleva la CEPAL. Una de estas series compara los precios de los productos industriales con los de los servicios públicos, sobre una base 1993=100. Desde ese año la diferencia se fue inclinando progresivamente a favor de las tarifas, que venían de un período de niveles extremadamente bajas (cuando los ingresos del conjunto de las empresas que habrían de ser privatizadas no llegaban al cincuenta por ciento de los costos de funcionamiento de las mismas) para llegar a un mínimo de 79,4 en 2001. El cambio de modelo revertió completamente la situación y la relación entre ambos precios pasó a 123,4 al año siguiente y siguió así hasta llegar a un nivel de 154,9 en diciembre de 2004, un nivel muy próximo a los promedios de los años ochenta, cuando colapsó el sistema de prestación de servicios públicos por falta de inversiones. La diferencia es que en aquel entonces el déficit de las empresas se cubría con aportes presupuestarios, que eran la causa principal de los fuertes deficits fiscales, y ahora se refleja en los balances de las empresas prestadoras de dichos servicios y, nuevamente, en la falta de inversiones en sectores esenciales para el funcionamiento de la economía, con los consecuentes cortes en la prestación o bajas en la calidad de los servicios.

Era obvio que en medio de la recesión, la devaluación y la pesificación, resultase imposible seguir ajustando las tarifas de los servicios públicos por la tasa de inflación de los Estados Unidos, como lo preveían las concesiones de la época de la convertibilidad. Pero la decisión adoptada, como parte de este modelo, de congelar las tarifas para evitar el impacto inflacionario y de pretender manejar en el futuro las inversiones creando "fondos fiduciarios" a partir de la retención de una parte de la recaudación de las empresas, terminó generando consecuencias cuyo impacto ya está a la vista. La primera fue la comentada paralización de la inversión en sectores esenciales y la pérdida de calidad de los servicios: volvemos a la época del gas a baja presión, de los cortes de electricidad, de la paralización de obras para expandir las redes o mejorar los servicios, a la saturación de las redes en horas pico y, de aquí en más, a una gran incertidumbre respecto del futuro energético del país, agravada por el posible impacto de la crisis boliviana.

La segunda consecuencia de esta política fue la partida de muchas empresas extranjeras que habían participado en el proceso de fuerte inversión y de progreso tecnológico en la mayoría de los servicios concesionados en los años noventa. Esto, a su vez, genera dos efectos: primero, la llegada al control de esas empresas de una "nueva generación de empresarios nacionales", la mayoría de los cuales cuenta con limitados recursos o acceso al financiamiento para encarar las ingentes inversiones necesarias para restablecer la situación en los respectivos sectores. Por ello puede predecirse que la mayoría terminará buscando en el Estado los subsidios o los apoyos necesarios para poder hacer frente a tales inversiones. El segundo efecto ha sido la apertura de más de treinta casos ante el CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial al cual son referidas, por el juego de los acuerdos bilaterales de promoción y protección de inversiones, las disputas que se generan entre las empresas extranjeras y el Estado nacional.

El primer fallo final de un tribunal del CIADI referido a nuestro país se originó en una disputa surgida en la época en que era presidente De la Rúa ("Aguas del Aconquija y Vivendi versus República Argentina") y fue totalmente favorable a nuestro país. Sin embargo, la totalidad de los casos iniciados a raíz de la devaluación y el congelamiento de las tarifas se presenta mucho más difícil de defender para el Gobierno argentino, como lo evidencia el hecho de que ha perdido la totalidad de las acciones previas que ha introducido con vistas a evitar dicha jurisdicción. Es muy probable que en aquellos casos en que llegue a un acuerdo con las empresas sobre el futuro de las concesiones, aquellas renuncien a tales acciones. Pero en lo casos en que no lleguen a acuerdo o en el de las empresas que ya se han retirado del mercado argentino y vendido sus activos a otras empresas, el escenario más probable es que el Estado argentino resulte condenado a pagar sumas ingentes por no haber respetado los contratos originales. Esta situación era relativamente fácil de evitar, aún después de la devaluación y de la pesificación: exigía una voluntad de diálogo y una capacidad técnica para adaptar los contratos a la nueva situación que evidentemente estuvieron ausentes del lado de las autoridades. Estas prefirieron imponer el congelamiento tarifario durante más de tres años antes de abrir una instancia de negociación que, en el mejor de los casos, terminará en soluciones provisorias y que, a la larga, resultará en ajustes tarifarios mucho más fuertes que los que hubieran sido necesarios si se hubiera actuado progresivamente, teniendo en cuenta la realidad de las limitaciones de pago de los usuarios y las necesidades de mantener el nivel de inversiones para evitar el deterioro de los servicios.

Volvamos ahora a la segunda serie que nos interesa aquí y que relaciona los precios industriales con el salario industrial, nuevamente sobre base 1993=100. En este caso hubo una gran estabilidad de la relación entre ambos a lo largo de los noventa, dado que el índice a diciembre de 2001 estaba en 100,5. Luego vino la devaluación y la relación se dio vuelta completamente a favor de los precios industriales: 80,2 en promedio para 2002; 87,5 para 2003; seguida de una importante recomposición salarial que llevó el índice a fines de 2004 a 113. Pero aquí entra a jugar un nuevo fenómeno: en la medida en que el salario industrial en el sector formal se recupera rápidamente, aumenta el empleo "en negro" para llegar al máximo del 48,9% del total de asalariados del país a fines de 2004 y con niveles de salarios particularmente bajos en este sector. Veamos la diferencia: para un índice base cuarto trimestre de 2001=100, los salarios del sector privado "registrado", según los datos del INDEC, llegaron en febrero de 2005 a un índice 161,23; para el sector privado "no registrado" en cambio, el índice era de solo 116,75. Con los empleados del sector público ha sucedido algo semejante, dado que en febrero de 2005 el índice correspondiente era de 117,49.

Estos índices, a su vez, es necesario compararlos con la evolución de los precios minoristas, para poder determinar el grado de deterioro de los ingresos reales de los trabajadores en el contexto del modelo que comentamos. De dicha comparación surge que, a fines de 2004, la remuneración real de los empleados públicos resultaba un 22% menor a la de fines de 2001 y que la de los empleados en el sector informal era un 26% menor. Respecto del sector de jubilados y pensionados no se dispone de información comparable, pero es posible que su pérdida de ingresos reales se aproxime a la de los empleados públicos.

Hay otros dos datos que son también interesantes para tener más en claro qué significan estas cifras. El primero es que los asalariados del sector público, en el conjunto del país, llegan hoy al 21,2% del total de los asalariados. Si a ellos les agregamos los del sector "informal", esto implicaría -y utilizamos el condicional con plena conciencia dado que no contamos con una base estadística que nos permita corroborar estas cifras- que aproximadamente el setenta por ciento de los asalariados han sufrido un fuerte deterioro de sus salarios reales en los últimos años. Los aumentos por decreto conocidos a fines de 2004 tendieron a corregir, en parte, estos efectos, pero su impacto posiblemente fue diluido por los aumentos de precios registrados en el primer trimestre de 2005 (entre otras razones como consecuencia de aquellos aumentos).

4. La subejecución presupuestaria y política

Otro elemento importante del modelo es la subejecución presupuestaria y política. Esto se traduce en dos tipos de situación. El primero es que no llega a gastarse la totalidad de lo establecido en el presupuesto nacional en materia de obra pública. La visión supuestamente keynesiana que incorpora este modelo otorga particular importancia a la obra pública. A pesar de ello, de la disponibilidad de un fuerte superavit primario, y de una aguda necesidad de absorber desocupación por esta vía, el nivel de ejecución de las obras públicas programadas es muy bajo. No es fácil poder determinar el grado de subejecución en este área, pero la ausencia de obras públicas de envergadura en todo el país permite suponer que estamos ante un atraso considerable que seguramente va a resultar en el futuro en nuevos cuellos de botella en sectores claves de la economía. Sucede otro tanto con los cerca de veinte fondos fiduciarios creados por el gobierno para atender inversiones y gasto sectorial, con el agravante de que en este caso la información disponible es aún menor. Este tipo de subejecución tiene tres fuentes posibles. La primera es una decisión política de postergar gasto por razones fiscales o como forma de enfriar un crecimiento que puede comportar riesgos inflacionarios. La segunda puede estar relacionada con errores de cálculo, ya sea al estimar los ingresos o los egresos o el financiamiento disponible. La tercera, pasa simplemente por la falta de capacidad técnica y administrativa para gestionar la obra pública. Posiblemente la realidad sea una adecuada combinación de los tres factores.

El segundo tipo de subejecución está referido a las políticas y podemos definirlo como el atraso en implementar los anuncios referidos a medidas de política económica y legislación que definen las principales reglas de juego del sistema. Así, por ejemplo, a pesar de los anuncios siguen sin plantearse la ley de coparticipación federal, la reforma del sistema tributario o los nuevos marcos regulatorios para los servicios públicos concesionados. En cuatro años de vigencia del modelo, es poco y nada lo que se ha hecho en estas importantes materias. Más aún, en medio de la debacle de la convertibilidad, el gobierno del Presidente De la Rúa había establecido una serie de planes de inversión y promoción de exportación sectoriales que dejaban de lado los elementos más negativos de la política tributaria y concedían ventajas específicas a los sectores elegidos. Estos planes fueron desmantelados por el actual gobierno por la presión del FMI, que veía en ellos el riesgo de una disminución de los ingresos públicos y una limitación al superavit fiscal demandado.

Este tipo de subejecución tiene serias consecuencias negativas para el funcionamiento de la economía porque permite mantener vigentes disposiciones y prácticas ineficientes o perimidas en el actual contexto y porque agregan incertidumbre a un cuadro legal ya de por sí sumamente incierto. En este caso las razones de la subejecución son aún más inciertas, pero parecerían ligadas a un cuadro de ineficiencia generalizada en la acción de gobierno y a la parálisis legislativa originada en el internismo predominante.

5. El balance

A la hora del hacer el balance de pérdidas y ganancias del funcionamiento del modelo vigente podemos anotar entre los ganadores a los siguientes sectores. En primer lugar, al sector exportador de productos agropecuarios, incluyendo en este grupo no solo a los operadores de comercio exterior sino también a la mayor parte de los productores agropecuarios, a los acopiadores e intermediarios y a las empresas fabricantes de maquinaria agrícola y proveedora de insumos para el sector. Al beneficio de la devaluación, se le agregó un período de precios internacionales muy altos, que disminuyó considerablemente el impacto negativo que deberían haber tenido las retenciones. Se trata de un basto sector que se ha convertido, gracias a las inversiones, avances tecnológicos y ganancias de productividad que viene registrando desde comienzos de los noventa, en el motor más permanente del crecimiento económico del país, hasta el extremo que, hasta aquí, ha podido sortear los más difíciles avatares de la política económica. Es muy difícil determinar si las ganancias del sector se derramaron hacia los asalariados rurales, aunque es posible que muchos pequeños contratistas y prestadores de servicios en medio rural se hayan visto muy favorecidos con el largo período de bonanza agropecuaria.

En una situación semejante podemos ubicar al sector productor y exportador de "commodities" industriales (acero, petroquímica, aluminio, papel), con el agregado de que este sector, resultó menos afectado por las retenciones y, en cambio, se vio favorecido con un fuerte aumento, vía tipo de cambio, de la protección frente a la competencia externa. Las ganancias de este sector se extendieron a los asalariados industriales que, como hemos visto, pudieron lograr una rápida recuperación del nivel de ingreso real.

También hay que agregar en el panel de los ganadores a las pequeñas y medianas empresas industriales o prestadoras de servicios orientadas hacia el mercado interno que encontraron varios beneficios en este modelo: mayor protección externa gracias al elevado tipo de cambio, quizás un mejor acceso al crédito una vez superadas las restricciones bancarias, y salarios reales sensiblemente más bajos.

Sin embargo el gran ganador de la aplicación de este modelo no está en el sector privado sino que ha sido el Estado. Las vías de la transferencia adicional de recursos al Estado han sido esencialmente dos. Por una parte, los mayores ingresos que surgen de la aplicación de retenciones a las exportaciones y de la progresiva mejora de la recaudación fiscal dentro del sector formal, más allá de los crecientes efectos distorsionantes del sistema impositivo vigente. Por otra, la suspensión del pago del servicio de aquella parte de la deuda declarada en "default". El prolongado período previo al cambio de los bonos "defaulteados" por los nuevos títulos emitidos por el Estado argentino, permitió que éste se hiciera de los recursos necesarios para adquirir divisas provenientes del excedente de la cuenta corriente de la balanza de pagos (con los que consiguió recomponer en forma sustantiva las reservas del Banco Central), cancelara parte de la deuda con los organismos financieros internacionales y, finalmente, pudiera hacer frente a un importante programa de subsidios sociales.

Esta es quizás la mayor contradicción del modelo: por un lado genera pobreza vía precios relativos e insuficiencia de inversiones y por otro atiende, vía subsidios (planes Jefas y Jefes) y congelación de tarifas de los servicios públicos, las necesidades de una parte de los que ha empobrecido. Sin embargo, tan extraña ecuación económica tiene su solución desde el punto de vista político: la riqueza del Estado se ha convertido en una fenomenal arma de poder político, al ser la base del financiamiento de planes sociales y de un nivel de empleo y gasto público sin precedentes históricos.

Los perdedores de este modelo son los ahorristas, locales y extranjeros, que quedaron atrapados en el "corralito" y en el "corralón" y que no consiguieron recuperar el valor original de sus activos o que invirtieron en bonos que cayeron en el "default" y sufrieron la quita impuesta por el Gobierno. También quedaron de este lado de la ecuación, las empresas concesionarias de servicios públicos, que como hemos visto tuvieron congeladas las tarifas, y con ellos sus ingresos, por un largo período.

Entre los perdedores, también tenemos a la mayoría de las pequeñas empresas comerciales o industriales que, dada su baja rentabilidad no tienen más alternativa que evadir los controles impositivos y provisionales o pagar sueldos ínfimos para poder subsistir en el contexto actual.

Sin embargo, los mayores perdedores como resultado de la aplicación de este modelo son los 11,5 millones de argentinos cuyo ingreso está por debajo de la línea de pobreza, con un ingreso mensual inferior a los $ 700, incluyendo entre ellos a los cinco millones de indigentes que apenas subsisten con la mitad de esa cifra (y aunque hayan sido esto uno de los pocos sectores que ha visto aumentar recientemente sus ingresos reales). Obviamente buena parte de estos sectores sociales ya estaban por debajo de la línea de pobreza antes de la instauración de este modelo, pero resulta claro que el modelo no les permitió salir de esa condición. Al contrario, como ya lo hemos visto en el artículo antes citado, el número de pobres e indigentes aumentó en forma sostenida a partir de su introducción.

Finalmente, tenemos otro gran perdedor, que no tiene voz ni voto y de cuya suerte parecería que cada vez se interesan menos los argentinos. Nos referimos a las instituciones: la Constitución , las leyes, el sistema judicial, los compromisos internacionales, nada de ello ha resistido al pragmatismo que acompaña a la implementación de este modelo. El propio Ministro de Economía ha sido muy preciso en la materia, al poner los resultados macroeconómicos por encima de los aspectos institucionales. Su convicción es que las inversiones van allí donde hay beneficios y que la seguridad está dada por la permanencia de las políticas. No es lo que surge de la experiencia internacional y, en todo caso, nos resistimos a aceptar que el deterioro institucional tenga que ir de la mano del crecimiento, mucho más cuando dicho crecimiento se da a costa de la justicia social.