La cuestión del rol del Estado y la forma en que se diseñan las Políticas Públicas están en permanente debate. En el ámbito de la Administración Pública hemos presenciado en los últimos años, y sobre todo a partir de lo que se dio en llamar la "Reforma del Estado", innumerables posicionamientos tanto en defensa como en rechazo del viejo paradigma tradicionalista o bien del nuevo modelo gerencial.

La crisis y reconstrucción del Estado en la década de los ´90, impuso en algunas instancias y pretendió en otras, un modelo de Gestión Pública moderno, fundamentalmente privatista y ampliamente desregularizador, acorde a las nuevas tendencias globalizadoras, supuestamente asentado en la transparencia, la eficiencia, la eficacia y la economía. Modelo presentado al conjunto de la Sociedad Civil , como una forma de gestionar absolutamente despolitizada, distanciada de cualquier orientación ideológica.

No desconocemos algunos de los aportes del nuevo paradigma del Estado Neoliberal, como tampoco ignoramos ciertas bondades del viejo sistema coherente con el Estado Social de Derecho. Sin embargo, cada uno de ellos y a su turno, dio cuenta en el último caso de determinadas irracionalidades que a la postre lo condujeron a un franco déficit fiscal y en el primero la intención de dotarlo de una excesiva racionalidad, que le impidió al Estado atender las demandas de la nueva estructura social profundizando aún más la fragmentación y la desigualdad. Por lo tanto, evaluar las formas de la Gestión Pública sólo desde lo técnico, presenta tantos aciertos y desaciertos como si se la analizara sólo desde el punto de vista ideológico. De lo que sí estamos conscientes es que todo Proyecto Político conlleva en su seno un modelo de acumulación con prioridad de intereses que el Estado debe articular y un modelo de diseñar, planificar y ejecutar Políticas Públicas, en general coherente con él.

El proceso de transformación estatal iniciado en los ´90, con la Reforma del Estado, aparece aún hoy incompleto y ya se plantean interrogantes sobre el curso que tendrá el mismo asociado, no sin razón, al rol que debería tener el Estado en términos de su articulación con la ciudadanía, las organizaciones intermedias, los distintos sectores de poder económico -ya sean internos como externos- y con los distintos sectores de poder de la sociedad argentina. Con la actual administración parecería que estamos ante la presencia de un nuevo rol del Estado, menos privatista, más estatista, y en el que aparecen políticas públicas que apuntan a la construcción social y a la ampliación ciudadana, pero sin llegar a definir cuál será el Modelo de Gestión Pública, que reemplazaría al modelo gerencial de los ´90.

En este marco de reflexiones es saludable reconocer determinadas Políticas Públicas que tienen como objetivo explícito brindar un servicio a la sociedad toda y es por ello que haremos un breve análisis del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable aplicado como resultado de la Ley N º 25.673 y su Decreto Reglamentario Nº 1282/03.

"La presente ley se inscribe en el marco del ejercicio de los derechos y obligaciones que hacen a la patria potestad. En todos los casos se considerará primordial la satisfacción del interés superior del niño en el pleno goce de sus derechos y garantías consagrados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Ley 23.849)"1 .

El artículo 75, inc. 23) de nuestra CONSTITUCION NACIONAL, señala la necesidad de promover e implementar medidas de acción positiva a fin de garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales reconocidos por la misma y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

En este sentido la ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) define el derecho a la planificación familiar como "un modo de pensar y vivir adoptado voluntariamente por individuos y parejas, que se basa en conocimientos, actitudes y decisiones tomadas con sentido de responsabilidad, con el objeto de promover la salud y el bienestar de la familia y contribuir así en forma eficaz al desarrollo del país".

El propósito tanto de la Ley como del Programa es disminuir sustancialmente la tasa de mortalidad materna, la fecundidad adolescente y el número de hospitalizaciones por aborto, regulando dos derechos básicos garantizados en la Constitución2, salud y libertad de elección a toda la población, sin discriminación de clases sociales, ni de género, ni grupos etáreos.

Esta política en curso intenta sobre la base de la prevención y la capacitación evitar los embarazos no deseados, y el contagio de SIDA u otras Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), beneficiando paralelamente con estas acciones la detección temprana de enfermedades genitales y mamarias. Para ello ha instalado en los servicios de Salud Pública de todo el país una instancia que tiene la misión de brindar asesoramiento e información gratuita sobre las reales acciones llevadas a cabo por los Centros de Salud y Hospitales, con la participación de 5.000 agentes que hasta mediados de 2005 atendieron a 1.500.000 beneficiarios.

Entre las acciones más importantes del Programa, podemos mencionar las de fortalecimiento institucional en todas las jurisdicciones provinciales a través de acciones de asistencia técnica, capacitación, financiamiento para reforzar los equipos existentes y fundamentalmente provisión gratuita de medicamentos y anticonceptivos.

La adquisición centralizada y distribución a las 24 jurisdicciones del país de métodos anticonceptivos ascendió a la suma de $ 33.000.000. Se efectuó la distribución de 18.500.000 de anticonceptivos hormonales orales, 1.700.000 anticonceptivos orales compatibles con la lactancia materna, 3.000.000 de anticonceptivos inyectables, 18.000.000 de preservativos, 900.000 dispositivos intrauterinos (DIU), y 5.500 kits de instrumental para colocación de DIU.

Por otro lado, el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable ha articulado acciones con el Programa Nacional de Lucha contra el SIDA y ETS, la Dirección Nacional de la Juventud , el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y organizaciones no gubernamentales.

Paralelamente, el Ministerio de Salud pone en conocimiento de la población, con énfasis en la más vulnerable, este conjunto de acciones a través de una campaña en medios de difusión masiva, destinada a informar a la comunidad sobre sus derechos, sobre las prestaciones del Programa en forma absolutamente gratuita, en todo el país con la finalidad de promover conductas saludables.

El impacto de las acciones dan cuenta que mientras en el año 2002 la totalidad de muertes a causa de abortos equivalía al 31% del total de defunciones maternas, en 2003 esa cifra se redujo al 27%. Por su lado, en el mismo período, el porcentaje de embarazos en menores de 20 años descendió de 14.6 % a 13.6%. Conocemos que las intervenciones en educación y en este caso específicamente en el orden de la salud, necesitan de períodos de tiempo más largos para ser realmente evaluado su impacto, pero la tendencia es ya positiva.

Una de las cuestiones centrales de la Reforma del Estado Neoliberal fue la descentralización de sus funciones principales e históricas en el terreno de la educación y de la salud, proceso que fue altamente cuestionado porque la misma se llevó a cabo sin la transferencia de recursos presupuestarios, y sin la estricta ejecución de acciones de control y evaluación que se habría reservado la jurisdicción nacional. En ese sentido la Política Pública en análisis revierte en alguna medida dicha situación ya que el Estado se hace cargo de los recursos que el programa necesita para su implementación y de las acciones de seguimiento, monitoreo y evaluación. Por ello establece que: "El gasto que demande el cumplimiento del programa para el sector público se imputará a la jurisdicción 80 del Ministerio de Salud, Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, del Presupuesto General de la Administración Nacional"3.

Sería auspicioso que el nuevo rol del Estado, que asoma a través de este programa y que surgió en parte por la participación de la sociedad civil, fuera replicado por la actual administración en el conjunto de los servicios sociales. Si las estrategias de cambio en la Administración Pública , instancia que cumple una función protagónica en los procesos sociales, van siendo progresivamente compatibles con proyectos de democratización amplia, estaremos construyendo entre todos la democracia social.

No olvidemos que el Estado es una relación social, que se ha ido modelando en el curso de la historia, en respuesta a determinadas crisis, y es él quien debe asegurar, como ya lo señalamos, un modelo de acumulación, pero también debe asegurar su legitimidad política

Artículo 4 de la Ley en análisis.

La ley 25.673 ".importa el cumplimiento de los derechos consagrados en Tratados Internacionales, con rango constitucional, reconocidos por la reforma de la Carta Magna de 1994, como la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer ; y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, entre otros" (considerandos del Decreto Reglamentario).

Artículo 12, Ibídem.