La desaparición del sobreviviente Julio López nos conmocionó a todos. Al momento de escribir estas líneas todavía ignoramos la verdad del caso. No obstante, podemos adelantar algunas propuestas de reflexión, las cuales quedan abiertas no sólo al debate en general sino también a la confrontación con la verdad de lo ocurrido.

La familia López desmintió que Julio Jorge López sufra problemas de salud que puedan explicar su desaparición. Por lo tanto, las hipótesis vigentes son entre malas y las peores. Con esperanza y racionalidad, Carmen Argibay (jueza de la Corte Suprema ) no descarta que López pueda estar pasando por una "crisis emocional" que le impide "afrontar el mundo de afuera o someterse al acoso periodístico". Pero también podría haber sido víctima de un secuestro por razones políticas -porque los defensores del terrorismo de estado también hacen política, por repudiable y miserable que nos parezca.

Si López fue secuestrado, entonces esta acción tiene sentido, tiene intención, tiene objetivos. Y tiene historia. Una historia que no sabemos cómo terminará. Uno no puede menos que preguntarse: qué hacemos si López no aparece? Qué hacemos si aparece su cadáver?

En última instancia, el motivo de su desaparición pasará a segundo plano en el terreno de la lucha política - porque, aún cuando la frase anterior suene perturbadora, el hecho es que en términos políticos, alrededor de López, se ha instalado la lucha entre quienes defienden ciertos principios y entre quienes quieren, otra vez, meterle miedo a la sociedad.

La memoria es uno de los peores adversarios de los enemigos del pueblo. Es una buena aliada de la verdad y una colaboradora imprescindible de la historia. En el terreno de lo simbólico, la ausencia del sobreviviente, la ausencia del testigo, es el drama que representa la presencia de su memoria. El está ausente porque su buena memoria se hizo presente.

Pero no se trata de cualquier memoria. Porque la memoria de López es una memoria articulada con la verdad, con la historia y con la condena de Etchecolatz. Por lo tanto no se trata de intimidar a otros testigos sino de cuestionar el ejercicio de la memoria como tal. No se trata de intimidar a personas en particular sino de instalar que la memoria es peligrosa y oscura.

La ausencia de López tiene sentido, es un mensaje que nos dice: "entiendan de una buena vez que recordar tiene un costo demasiado alto; mejor olvidar". Igual que en las sesiones de torturas, están "los malos" - que golpean, picanean y mutilan - y "los buenos", esos que nos decían: "pensalo bien, arreglá conmigo porque si no te van a poner en manos del otro". Parece bastante claro quienes están cumpliendo estos roles en el contexto democrático.

Los tres acuerdos.

La generación de políticos que encabezaron la llamada "transición democrática" definieron por lo menos tres pactos centrales con las fuerzas dictatoriales en retirada:

• no juzgar las violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1974 y marzo de 1976;
• juzgar sólo a determinados responsables del terrorismo de estado y no a todos;
• los militares sometidos a procesos judiciales no serían tratados como delincuentes comunes y tendrían privilegios excepcionales.

El primer acuerdo protegía y protege a la corporación política vigente en los ochenta y que proyectó su liderazgo sobre los '90. Los otros dos acuerdos protegían a los miembros y a la estructura de las fuerzas dictatoriales. La aplicación de estos tres acuerdos básicos reguló la dinámica política entre unos y otros durante los años '80, y tuvo consecuencias catastróficas en el terreno político-ideológico del mediano plazo.

La forma en que se salió de la crisis del 2001 generó una nueva coyuntura. Entre otras consecuencias, aquellos pactos comenzaron a caerse a pedazos de diferentes maneras y por diferentes motivos. Algunos indultos fueron anulados. Las leyes de impunidad fueron cuestionadas. Algunos represores comenzaron a ser tratados como delincuentes. Cambió la Corte Suprema. Los "juicios de la verdad" se convirtieron en juicios propiamente dichos. Ya no se trataba sólo de saber la verdad: la verdad se volvió fundamento de condenas judiciales que estaban bloqueadas por pactos y acuerdos anteriores.

La verdad siempre es peligrosa - pero cuando da resultados concretos es más peligrosa todavía. Etchecolatz fue condenado. Las Abuelas siguen encontrando nietos. Hay docenas de torturadores y secuestradores en riesgo de terminar presos. Estas condenas, estos costos, no son tan sólo un problema personal para los culpables sino, además, un serio retroceso político para el campo ideológico al que representan. Por eso en sus últimos discursos señalan que "hoy el campo de batalla es la opinión pública". Que uno de ellos sea condenado y vaya a la cárcel es grave, pero que la sociedad esté de acuerdo con eso es infinitamente más peligroso.

Algunas reglas del juego cambiaron. En ese marco comienzan las marchas y campañas de quienes dicen exigir una "memoria completa". En ese marco se desarrollaba el juicio al comisario Miguel Etchecolatz. Y en ese marco se produce la desaparición de López. Estamos frente a la iniciativa del "procesismo" ante la nueva coyuntura, en la cual los dos pactos que los protegían dejaron de ser acatados.

Así se entienden con claridad sus principales reivindicaciones. Por un lado, la amnistía, por medio de la cual cumplen dos de sus objetivos principales: a) proteger a su gente y su estructura y b) reinstalar, con la bendición del estado, la teoría de los dos demonios. Esta lucha política no es sólo por personas y estructuras de poder sino también por ideas.

Por el otro lado, exigen la revisión de las violaciones a los derechos humanos durante el período de Isabel Perón: si se desconocen los pactos que los protegen a ellos, entonces reclaman que ciertas dirigencias políticas compartan el costo de lo ocurrido. O dicho de otro modo, es como si les dijeran: "si no tenemos que pagar nuestra parte, entonces ustedes caen con nosotros".

Se trata de un chantaje, es cierto, pero está apoyado en una verdad histórica y en una deuda moral y política que esas dirigencias tienen con la sociedad en su conjunto. De este modo parece lógico que hayan reaparecido los dirigentes y voceros de diversas extracciones que se sumaron a la campaña con pedidos de "reconciliación", "perdón", etc, tan característicos de los años '80. Están defendiendo intereses personales y sectoriales.

La maniobra del procesismo es ingeniosa: saben que si insisten en destapar el problema 1974-1976 es probable que consigan poderosos aliados - incluyendo algunos que en su momento fueron cautelosos defensores de los derechos humanos. Dirigentes eclesiásticos (no sólo católicos) tanto como referentes de la derecha democrática deberán ser muy prudentes y racionales en esta coyuntura: sería muy grave para el futuro de la democracia que en nombre de la puja con un gobierno peronista, algunos terminen parados junto a quienes están más interesados en la impunidad y la defensa del terrorismo de estado que en la oposición al uso de preservativos o la defensa de la calidad institucional...

Juicios, reparaciones y símbolos.

Más allá de las intenciones, el hecho es que las políticas de estado en materia de DDHH se concentraron en a) determinadas variables judiciales, b) determinadas iniciativas reparatorias y c) determinadas operaciones en el terreno de lo simbólico. A veces estas variables estuvieron articuladas entre sí.

Muy especialmente durante el alfonsinismo, la teoría de los dos demonios funcionó como soporte conceptual de los primeros procedimientos judiciales, los cuales condicionaron las iniciativas posteriores. Analizados en el conjunto de estos 25 años, las iniciativas judiciales produjeron éxitos y fracasos. Pero los juicios siguen adelante.

Si bien las reparaciones materiales no remedian el horror padecido, las leyes de reparación representaron por lo menos dos aciertos. Por un lado, el estado asumió una de sus responsabilidades frente a la sociedad y las víctimas. Y por el otro, brindaron reparación económica a quienes la merecían.

Las operaciones en el terreno de lo simbólico (nombres a calles, devolución de grados militares, reconocimientos oficiales, homenajes, libros, exposiciones, programas de estudio, etc) no llegaron a ser parte de una política estratégica capaz de definir pautas ideológico-culturales sostenidas por el estado y asumidas por la sociedad civil.

No obstante, aunque lo califiquemos de insuficiente, todo lo hecho en estos terrenos no ha sido poco. Algunas de las limitaciones y carencias de estas políticas saltan a la vista con el caso de López.

Ante su desaparición se planteó, por ejemplo, la necesidad de proteger a los testigos. Está claro que se trata de una responsabilidad indelegable del estado, que tiene los recursos, el poder, la autoridad y la obligación de hacerlo. No es menos cierto, sin embargo, que la mejor forma de proteger a los testigos consiste en anular la capacidad de acción de la alguna vez llamada "mano de obra desocupada".

El desmantelamiento de la capacidad de acción de los ahora llamados "mafia residual" es un problema estratégico y pendiente - que no se resuelve esperando que ingresen a la tercera edad. Visto el problema en el mediano y largo plazo, los pactos internacionales incorporados a la Constitución Nacional se volverían apenas un gesto declamatorio, si los sobrevivientes del terrorismo de estado tuvieran que cuidarse hoy de los "residuales", como ayer lo hicieron del terror estatal.

A modo de ejemplo: mientras puedan dirigir empresas de seguridad privada quienes antes fueron "operativos" de la dictadura, es poco probable que los planes de protección de testigos sean eficaces. Por razones que hacen al análisis de la década neoliberal, así como el estado cedió espacios a la iniciativa privada en materia económica, también lo hizo en el área de la seguridad. Hoy por hoy los límites entre la seguridad privada y la pública son, por lo menos, difusos.

Y si bien se planteó el problema de la seguridad de los testigos, resulta sorprendente que se haya hablado tan poco acerca del problema de la inteligencia estatal. La desaparición de López muestra que el aparato estatal carece del tipo de inteligencia necesaria para atender el problema. Cuando se trata de secuestros típicos, la inteligencia estatal parece capaz de colaborar con cierta eficacia con las investigaciones de los fiscales. Pero en este caso, las mismas estructuras de inteligencia no manifiestan la misma eficacia. Eficaces para ayudar a buscar un secuestrado por una banda común de delincuentes, pero ineficaces para buscar a López.

Dado que se trata de las mismas instituciones hay que preguntarse porqué en unos casos su trabajo es útil y en otros no lo es. El gobierno está interesado en aclarar el caso. Por lo tanto ha dado orden de buscar pistas. Pero las pistas no aparecen. Por qué? Porque los servicios de inteligencia son ineficientes o incapaces? Porque los hipotéticos secuestradores de López son un absoluto e indescifrable misterio? Porque los gobiernos de la democracia no controlan a sus propios organismos de inteligencia? O porque los controlan sólo en la medida en que estos organismos están de acuerdo con las órdenes que reciben?

Sea cual fuere la respuesta adecuada, el caso López pone en evidencia que durante estos 25 años las fuerzas políticas no fueron capaces - hasta ahora - de reformular un sistema de inteligencia eficaz y eficiente al servicio de los intereses de la democracia y de la sociedad en su conjunto.

Sumadas la capacidad de acción de "los residuales" a la no creíble incapacidad de inteligencia estatal, esta sería, probablemente, una de las carencias más severas de las políticas de derechos humanos desarrolladas desde 1983 en adelante. Si López fue secuestrado por razones políticas, esto quedaría dramáticamente confirmado. Y si no fue así, de todos modos el problema de los "residuales" y de la inteligencia estatal sigue pendiente.