La derrota del oficialismo en las elecciones de convencionales constituyentes en la provincia de Misiones abrió un debate con diferentes lecturas sobre los motivos de la misma.
Entendemos que para su análisis conviene comenzar precisando en que consistía dicha elección. La misma tenía como única finalidad permitir que el Gobernador de Misiones pudiera ser reelecto, eliminando de la constitución provincial la cláusula que lo impide luego del primer mandato.
De la forma en que el oficialismo presentó la campaña, la elección implicaba en alguna medida un plebiscito respecto de la gestión en el orden provincial, y al contar con el sostén del gobierno nacional implicaba también poner en juego el apoyo del electorado misionero a Kirchner y a su propia gestión.
Para la oposición, compuesta por sectores sociales y políticos muy diversos (iglesia católica, evangélica, parte del peronismo que apoya a Puerta y el radicalismo entre otros) la campaña se simplificó. Era necesario acordar en un solo punto, oponerse al proyecto oficialista y nuclear detrás a todos los que de algún modo no simpatizaban con el gobernador, ya sea porque consideran inadecuado permitir la reelección indefinida como porque discrepan con los resultados de su gestión.
La elección en Misiones estuvo precedida por una serie de hechos que configuran un contexto preocupante en el escenario político: la desaparición del testigo López (tema que analizamos en el número anterior) los hechos de violencia en el traslado de los restos de Perón protagonizados por barras asociadas a la vieja política y al sindicalismo tradicional que además han puesto en jaque al football, la situación en la UBA que sigue sin poder elegir a su rector, y los actos de reivindicación del terrorismo de estado, entre otros.
El golpe provocado por la derrota electoral se hizo sentir en el corazón del gobierno nacional quien rápidamente recupero la iniciativa política haciendo retroceder a los gobernadores de Buenos Aires y Jujuy de sus intentos reeleccionistas y anunciando por otro lado la reducción del número de integrantes de la Corte Suprema, una medida reclamada por todo el arco opositor y por muchos oficialistas, y que posibilitará destrabar la solución de cuestiones de suma importancia que se encuentran demoradas en el más alto tribunal ante la propia imposibilidad de conseguir las mayorías necesarias para emitir sus fallos.
Además debemos sumar el guiño que recibió la justicia para dar luz verde al pedido del fiscal del caso Amia para la detención de dirigentes iraníes por su posible participación en el atentado, que implica de alguna manera un realineamiento internacional del gobierno.
Repasemos un poco los hechos descriptos. La derrota en Misiones quiso ser presentada por algunos opositores y muchos medios de difusión como el triunfo de la “democracia” contra los proyectos hegemonistas del kirchnerismo y este contrapuso la reforma a la Corte Suprema y la renuncia de Sola y Felldner como el oxígeno necesario para revivir a las instituciones.
Creemos que es conveniente poner las cosas en su justo término, ni el triunfo de la oposición en Misiones implica la existencia de un movimiento nacional en defensa de las instituciones de la democracia y por ende un nuevo camino que permita profundizar la misma permitiendo desarticular los proyectos de volver al pasado, ni las iniciativas del gobierno nacional implican que este haya dado cuenta de los reclamos contra cierta tendencia a poner en segundo plano aspectos relativos a la institucionalidad democrática.
Por el contrario nos parece que la derrota de Rovira da cuenta no sólo de la voluntad de algunos sectores de poner límites a proyectos hegemónicos, sino que expresa una realidad más compleja que permitió unir a quienes no comparten la gestión del gobernador, a quienes adhieren a otros partidos políticos a quienes percibieron que la gestión se encontraba corrompida y a medios de difusión que encontraron una buena posibilidad de posicionarse con un discurso democrático.
En el mismo sentido, las medidas del gobierno nacional no representan una nueva forma de ver el ejercicio del poder, sino más bien una necesidad coyuntural de dar respuesta a los acontecimientos que se le presentaron.
Es más, las mismas parecen demostrar un cierto reacomodamiento coyuntural, alineando la política exterior argentina con intereses norteamericanos y tomando distancia en cierta forma del gobierno venezolano.
La agenda electoral
Sin duda el próximo año estará signado por el proceso electoral y la actual coyuntura tendrá repercusión en el mismo y tanto oficialismo como oposición buscarán posicionarse sobre los temas que presenta la misma y obtener réditos.
El gobierno nacional se encuentra hoy sin duda muy bien posicionado para encarar el proceso electoral, cuenta a su favor con una buena imagen en la ciudadanía y los logros en materia económica son su mejor base de sustentación.
Además cuenta a su favor con una oposición muy fragmentada y sin un proyecto alternativo, aunque la misma ha empezado a dar signos de alinearse detrás de la candidatura de Lavagna y de un discurso que intenta poner de relieve las debilidades del gobierno en materia institucional.
Para el gobierno aparecen varios desafíos: por un lado la desaparición de López lo pone en la disyuntiva de dar continuidad con su política de derechos humanos y con los juicios a los responsables del genocidio o abdicar ante los reclamos de la derecha “no democrática” y dar marcha atrás con los enjuiciamientos.
Por otro lado, los hechos de violencia deben no solamente ser repudiados, sino esclarecidos y enfrentados con una política que ponga al descubierto quienes se benefician con la misma y como desarticularlos.
Y debe además encontrar candidatos que cuenten con aceptación social para enfrentar el proceso electoral en distritos tan importante como la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires.
Nuestra agenda
Partiendo de nuestro apoyo al gobierno nacional, estamos convencidos que la resolución de los temas pendientes requiere de la conformación de una amplia alianza político-social que encolumne a los sectores democráticos de nuestra sociedad y que permita desarticular los intereses político-económicos que sustentaron la última dictadura y que condicionaron la vida democrática.
El programa para la próxima gestión debe poner en primer plano repartir más equitativamente los frutos del crecimiento económico, eliminando la marginación y la pobreza, priorizar la educación y la salud, dar nuevo impulso a la unidad latinoamericana y hacer definitivamente posible el juicio y castigo a los culpables.
Para todo ello creemos que es necesario recuperar el rol de los partidos políticos, del parlamento y de los organismos de control, poniendo las cuestiones institucionales en el plano que merece una auténtica democracia.
